Son cifras mejores que las del conjunto de toda España en la cual el paro ha disminuido a un ritmo interanual del 10,61 %.  Puedes consultar la Nota del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en este enlace: Nota de paro registrado. 

La afiliación a la Seguridad Social en Madrid es la misma que hace un año. El número de cotizantes del Régimen General ha disminuido un 0,1 %. El número de cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se mantiene estable. Puedes consultar la Nota del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en este enlace: Afiliados a la Seguridad Social. 

Corazón sensible

Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los jóvenes: sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos para crear una familia y obligados muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su tierra. Asimismo, resulta doloroso el paro que afecta a las personas mayores de 50 años, que apenas tienen esperanza de reincorporarse a la vida laboral. San Juan Pablo II enumeraba las dramáticas consecuencias de un paro prolongado: “La falta de trabajo va contra el ‘derecho al trabajo´, entendido -en el contexto global de los demás derechos fundamentales- como una necesidad primaria, y no un privilegio, de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad laboral. (…) De un paro prolongado nace la inseguridad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad, la desconfianza en la sociedad y en sí mismos; se atrofian así las capacidades de desarrollo personal; se pierde el entusiasmo, el amor al bien; surgen las crisis familiares, las situaciones personales desesperadas y se cae entonces fácilmente -sobre todo los jóvenes- en la droga, el alcoholismo y la criminalidad” ("Iglesia, Servidora de los Pobres", Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, n. 4).

Debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales– la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos; a sus gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad. La implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo. Para garantizar otros derechos fundamentales, como la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es necesario, además, la efectiva voluntad política de establecer la legislación pertinente y, en especial, la referida a la protección de la infancia y la maternidad ("Iglesia, Servidora de los Pobres", Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, n. 28).